La preocupación por los posibles efectos que dichos campos tienen sobre los seres humanos es un hecho. La necesidad de control de las emisiones radioeléctricas por parte de las autoridades competentes ha supuesto la creación de normativas específicas ligadas a la exposición de campos electromagnéticos. Concretamente, la recomendación de la UE, articulada como Real Decreto y Orden Ministerial en el caso español (Art. 8 7d del Real Decreto 1066/2001), así como las recomendaciones de los comités científicos con niveles de precaución aún más reducidos, exige que las emisiones se mantengan por debajo de unos umbrales predeterminados. Por tanto, existen emisiones que pueden superar con creces los límites, pero pasan desapercibidas para los sistemas de monitorización actual especialmente si son cortas en el tiempo.